procedimientos Administrativos
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en México señala tres procedimientos principales de contratación:
Licitación Pública: Es el procedimiento general y se realiza mediante convocatoria pública para que distintos proveedores presenten sus propuestas en sobre cerrado, buscando las mejores condiciones para el Estado en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, etc.
Invitación a cuando menos tres personas: Se utiliza en casos específicos y permite invitar al menos a tres proveedores para que presenten sus propuestas.
Adjudicación Directa: Se utiliza en situaciones excepcionales y se adjudica el contrato directamente a un proveedor sin realizar los procedimientos anteriores.
Es importante destacar que la Ley también contempla otras modalidades y procedimientos especiales para situaciones particulares, como la subasta inversa o la contratación de servicios personales.
Nuestros servicios se enfocan en ayudar a los servidores públicos a aplicar correctamente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento para que los actos administrativos contengan los elementos esenciales para ser considerado válido y eficaz.
Ayudamos a la identificación de órganos competentes y facultados por la ley para la emisión de actos administrativos relacionados con la contratación pública.
Analizamos que los actos emitidos por los servidores públicos sean claros y precisos con un objeto concreto para que sea posible de realizar y esté definido en cuanto a tiempo, lugar y circunstancias. Además, este objeto debe estar previsto y permitido por la ley. Así mismo, perseguir un fin de interés público, de acuerdo con las normas que lo regulan, y evitar fines distintos.
Proporcionamos a los servidores públicos la fundamentación y motivación correcta, con las razones y fundamentos legales que justifican sus actividades y actos dentro de cualquier procedimiento administrativo. Logramos la ausencia de error en cuanto al objeto, causa, motivo o fin del acto. De esta forma evitamos el servidor público emita actos usando el engaño o violencia.
Así mismo, les apoyamos para precisar si el acto es recurrible y mencionar correctamente cuales son los recursos administrativos que proceden contra él.
En resumen, ayudamos a garantizar que los actos administrativos sean emitidos de manera legal, transparente y justificada, protegiendo así los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública.