El Plan Nacional de Desarrollo (PND) guía la acción gubernamental a través de objetivos y estrategias definidos para un periodo de seis años. Los servidores públicos en funciones de compras deben alinear sus actuaciones con estos lineamientos a asegurando que las adquisiciones no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también contribuyan a los objetivos estratégicos del PND. Las leyes que regulan su actuación incluyen, entre otras, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento.
Desde la perspectiva del derecho administrativo, los actos de los servidores públicos en áreas compradoras son esencialmente administrativos y deben estar debidamente fundamentados y motivados, produciendo efectos directos sobre los derechos y obligaciones de los particulares. Estos actos están sujetos a un marco de control y responsabilidad destinado a asegurar la correcta administración de los recursos públicos y la legalidad en la función pública (Gómez de Lara, 2024).
En este caso la autoridad sólo está enfocada en cumplir con las disposiciones de su cargo, es decir, comprar conforme a las indicaciones establecidas en la LAASSP y su reglamento. Entonces realizará una planeación, programación y presupuestación antes de salir a realizar la investigación de mercado, para finalmente establecer los procedimientos de licitación y contratación pública.
Legalidad: Los servidores públicos encargados de las compras en la administración pública federal tienen la responsabilidad crucial de actuar conforme al principio de legalidad, el cual establece que solo pueden realizar acciones expresamente permitidas por la ley. Este principio es especialmente relevante en las contrataciones públicas, donde la gestión de recursos públicos exige un estricto cumplimiento de la normativa vigente.
Ante la legalidad estos servidores públicos actúan en un plano de igualdad frente a los particulares buscando en el mercado bienes y servicios para lograr los objetivos del Estado. Tienen la obligación de integrar los objetivos del PND en las bases de licitación, criterios de evaluación y condiciones contractuales, asegurando así que las compras públicas no solo sean legales, sino también efectivas y eficientes en términos de precio, calidad y oportunidad. La naturaleza jurídica de las obligaciones de estos servidores se basa en la transparencia y la imparcialidad en la administración de recursos públicos (Gómez de Lara, 2023)
Recomendaciones para licitantes y proveedores: 1.- Consulta el Plan Nacional de Desarrollo para alinear tus propuestas con los objetivos y prioridades del gobierno; 2.- actúa sin temor frente a la autoridad pues en este caso está en un plan de igualdad tratando de cumplir con sus obligaciones 3.- presenta tus productos por escrito y solicita que se incluyan en la investigación de mercado; 4.- realiza solicitudes de información por escrito para garantizar respuestas formales y transparentes sobre los procedimientos de compra; y 5.- participa.
Fuente: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0 (Consultado 31 agosto 2024) Gómez de Lara, Fernando (2024), Diccionario Práctico de Contratación Pública Federal, Tirant lo Branch, pp. 439-442. Gómez de Lara, Fernando (2023), Como Interpretar Correctamente la LAASSP y su Reglamento, Tirant lo Blanch, pp. 102-104.
